Durante décadas, el derecho penal se aplicaba exclusivamente a personas físicas. Sin embargo, desde las reformas constitucionales y legales en materia penal, hoy las personas morales también pueden enfrentar responsabilidad penal, e incluso ser vinculadas a proceso, como cualquier individuo.
Este artículo analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la luz del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ofrece claves para que las empresas puedan anticiparse a posibles riesgos.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas en México
El ordenamiento jurídico mexicano reconoce que las personas jurídicas pueden ser sujetas de responsabilidad penal por determinados delitos. No obstante, esta responsabilidad no surge de manera automática por la comisión de un hecho delictivo por parte de sus trabajadores, representantes o administradores.
Conforme al artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la responsabilidad penal de una persona jurídica exige examinar, entre otros presupuestos, que el delito se haya cometido a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que proporciona, y que además haya existido inobservancia del debido control en su organización. La responsabilidad de la persona jurídica es autónoma respecto de aquella que pudiera corresponder a las personas físicas involucradas.
En el ámbito federal, el artículo 11 Bis del Código Penal Federal establece el catálogo de delitos por los cuales pueden imponerse consecuencias jurídicas a las personas jurídicas, sin perjuicio de los supuestos previstos en la legislación penal local que resulte aplicable.
Por su parte, el artículo 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula la formulación de imputación y la posible vinculación a proceso de una persona jurídica. En ese procedimiento deben respetarse sus derechos de defensa y representación. La propia disposición establece que quien tenga el carácter de imputado no podrá representar a la persona jurídica en el procedimiento.
Finalmente, el artículo 422 del mismo Código regula las consecuencias jurídicas que pueden imponerse, atendiendo a los presupuestos legales y a los criterios de individualización correspondientes. Por ello, la existencia de una investigación penal contra integrantes de una empresa no equivale a una declaración de responsabilidad penal de la organización.
¿Qué delitos pueden generar responsabilidad penal de una empresa?
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se circunscribe a los delitos previstos en los catálogos de la legislación penal federal o de las entidades federativas que resulte aplicable. En el ámbito federal debe examinarse el artículo 11 Bis del Código Penal Federal y el tipo penal específico; no todo delito cometido por personal de una empresa es automáticamente atribuible a ésta.
Para determinar la exposición jurídica de una organización debe analizarse la conducta investigada, la vinculación con la persona moral, el eventual beneficio o utilización de sus medios y la inobservancia del debido control prevista en la ley.
¿Cómo se desarrolla el procedimiento contra una persona moral?
El artículo 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula las actuaciones para formular imputación a la persona jurídica y resolver, cuando proceda, su vinculación a proceso. La organización ejerce sus derechos a través de una representación que no incurra en la incompatibilidad legal establecida para quien también tenga la calidad de imputado.
El órgano jurisdiccional debe examinar los presupuestos procesales y materiales aplicables. Ni la investigación de una persona física ni la citación de una empresa equivalen, por sí mismas, a una sentencia condenatoria.
¿Cómo prevenir que tu empresa enfrente un proceso penal?
La mejor defensa es la prevención. Algunas medidas que reducen el riesgo de responsabilidad penal empresarial son:
Implementar un programa de cumplimiento normativo (“compliance”) interno
Contar con un órgano de control interno y auditoría jurídica
Establecer políticas anticorrupción, antifraude y de protección de datos
Realizar controles de debida diligencia en operaciones y contrataciones
Capacitar periódicamente al personal sobre consecuencias legales
Tener asesoría jurídica continua y revisar contratos y operaciones sensibles
El CNPP prevé la posibilidad de atenuar o incluso eximir de responsabilidad a una empresa si demuestra que adoptó un modelo de organización y prevención eficaz antes del hecho delictivo.
¿Qué consecuencias jurídicas pueden imponerse a una persona jurídica?
El artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla multa, decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito, publicación de la sentencia, disolución y las demás consecuencias que expresamente determinen las leyes penales aplicables.
La imposición y graduación de estas consecuencias requieren una resolución judicial y la consideración de los factores de individualización previstos en la ley. No todas las medidas mencionadas en otros ordenamientos corresponden automáticamente a cualquier delito o a toda empresa.
Conclusión
Las personas jurídicas pueden ser investigadas y, en los casos previstos por la ley, enfrentar un procedimiento penal autónomo. La evaluación de riesgos exige analizar el delito aplicable, la relación de los hechos con la organización y el debido control interno, preservando siempre las garantías procesales.
También puede consultar nuestra información sobre riesgos legales de los prestanombres y las empresas fachada.
Consulta jurídica
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