En el ámbito empresarial mexicano, no es raro que algunas operaciones comerciales se realicen sin verificar plenamente la identidad o legitimidad de los socios, representantes o proveedores. En ese contexto, la figura del prestanombres o la contratación de empresas fachada puede parecer, a simple vista, una estrategia neutral o incluso conveniente. Sin embargo, los riesgos legales de vincularse con estas figuras son reales y potencialmente devastadores, tanto en el plano fiscal como penal y administrativo.
En estas relaciones comerciales es indispensable distinguir la actuación de los beneficiarios efectivos, los intermediarios y los terceros que contratan de buena fe. La sola existencia de una estructura societaria o de representación no determina, por sí misma, un ilícito.
Riesgos fiscales y responsabilidad penal por el uso de prestanombres
La intervención de prestanombres o empresas sin actividad económica verificable puede generar consecuencias jurídicas de naturaleza fiscal, administrativa y penal. Sin embargo, dichas consecuencias no derivan automáticamente de la utilización de estas figuras, sino de la naturaleza de las operaciones realizadas, la intervención de cada persona y los elementos que permitan acreditar una conducta contraria a derecho.
En materia fiscal, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento para presumir la inexistencia de operaciones amparadas por comprobantes emitidos por contribuyentes que carezcan de activos, personal, infraestructura o capacidad material para realizarlas, o que se encuentren en los demás supuestos previstos por la disposición. Esta presunción debe tramitarse conforme al procedimiento legal y admite la posibilidad de aportar elementos para desvirtuarla.
Por su parte, la responsabilidad penal exige identificar una conducta que encuadre en un tipo penal determinado y acreditar los elementos de intervención que correspondan. La existencia de operaciones simuladas, relaciones comerciales irregulares o vínculos con personas investigadas no demuestra, por sí sola, la comisión de un delito ni permite atribuir automáticamente responsabilidad a socios, representantes, administradores o terceros contratantes.
Además, en el plano administrativo y de contratación pública, establecer relaciones con empresas fachada puede conducir a sanciones como la inhabilitación para participar en licitaciones, la rescisión de contratos, o la imposición de multas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé responsabilidades para particulares que intervienen en actos de corrupción, ya sea mediante simulación, colusión o prestación indebida de servicios al gobierno.
En el ámbito civil y patrimonial, la contratación con personas o entidades cuya representación o actividad no ha sido verificada puede dar lugar a controversias sobre la validez, el cumplimiento o la eficacia de los actos jurídicos. Sus consecuencias deben evaluarse conforme al contrato y a los hechos concretos.
En este panorama, la prevención legal es indispensable. Verificar la identidad y legitimidad de proveedores, clientes, socios o representantes no es una formalidad burocrática, sino una estrategia jurídica fundamental. Toda empresa debería realizar un proceso de “due diligence” (debida diligencia) antes de celebrar contratos significativos, revisar el estatus fiscal de las contrapartes, confirmar su existencia física, sus licencias, su estructura de operaciones, y —en operaciones sensibles— consultar listas negras del SAT y otras autoridades.
¿El uso de prestanombres puede dar lugar a prisión preventiva oficiosa?
La utilización de prestanombres no constituye, por sí misma, un supuesto autónomo de prisión preventiva oficiosa. Para determinar la procedencia de esta medida es indispensable identificar el delito concretamente imputado, verificar su correspondencia con los supuestos previstos en el artículo 19 constitucional y examinar las disposiciones procesales aplicables.
El texto constitucional contempla determinados delitos y conductas relacionadas con delincuencia organizada, contrabando y comprobantes fiscales falsos, entre otros supuestos. Sin embargo, la existencia de una relación comercial con un prestanombres no permite concluir automáticamente que se actualiza alguna de esas hipótesis.
Asimismo, la atribución de responsabilidad como autor o partícipe requiere un análisis individualizado de los hechos y de los elementos jurídicos correspondientes. La medida cautelar debe distinguirse de la responsabilidad penal, que solamente puede determinarse mediante el procedimiento y la resolución judicial respectivos.
En consecuencia, ante una investigación relacionada con prestanombres, operaciones simuladas o empresas fachada, resulta necesario examinar tanto la clasificación jurídica de los hechos como los presupuestos para la imposición de medidas cautelares, evitando equiparar una irregularidad comercial o fiscal con la comisión acreditada de un delito.
Conclusión
La contratación con intermediarios o proveedores sin transparencia puede exponer a personas y empresas a contingencias fiscales, mercantiles y, cuando se acrediten los presupuestos correspondientes, penales. La prevención exige verificar contrapartes y operaciones, documentar la debida diligencia y valorar jurídicamente cada situación sin anticipar responsabilidad ni medidas cautelares.
Las empresas y personas físicas deben evitar a toda costa el uso de terceros para ocultar operaciones, bienes o decisiones, y deben contar con asesoría legal preventiva que les permita operar con legitimidad, trazabilidad y cumplimiento.
También puede consultar nuestra información sobre responsabilidad penal de las empresas en México.
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