¿Las empresas pueden ser vinculadas a proceso penal en México?
Durante décadas, el derecho penal se aplicaba exclusivamente a personas físicas. Sin embargo, desde las reformas constitucionales y legales en materia penal, hoy las personas morales también pueden enfrentar responsabilidad penal, e incluso ser vinculadas a proceso, como cualquier individuo.
Este artículo analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la luz del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ofrece claves para que las empresas puedan anticiparse a posibles riesgos.
Fundamento legal: personas jurídicas ante el proceso penal
La figura de la responsabilidad penal de las empresas se encuentra regulada en:
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Artículo 11 Bis del Código Penal Federal, que establece que las personas morales pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su beneficio.
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Capítulo II del Título V del Código Nacional de Procedimientos Penales (artículos 421 a 429), donde se detallan los procedimientos aplicables cuando una empresa es investigada penalmente.
El CNPP reconoce expresamente que una persona moral puede ser vinculada a proceso penal, señalando que:
“La persona moral podrá ser citada a audiencia inicial con el objeto de formularle imputación y determinar su situación jurídica” (art. 422 CNPP).
Esto implica que una empresa puede tener la calidad de imputada, contar con representación legal, ser sometida a medidas cautelares y enfrentar un juicio penal completo.
¿Qué tipo de delitos pueden generar responsabilidad penal para una empresa?
El catálogo de delitos que pueden generar responsabilidad penal para personas morales incluye, entre otros:
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Corrupción: cohecho, peculado, tráfico de influencias
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Lavado de dinero
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Delincuencia organizada
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Delitos fiscales o financieros
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Delitos ambientales
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Uso de recursos de procedencia ilícita
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Trata de personas o explotación laboral
No se trata de que la empresa “haya cometido” el delito en sentido humano, sino que se haya beneficiado de él, o que no haya impedido su comisión por parte de su personal, directivos o representantes.
¿Qué ocurre en una audiencia penal contra una persona moral?
Cuando una empresa es citada, debe comparecer a través de un representante legal debidamente acreditado. En la audiencia inicial, el Ministerio Público:
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Formula la imputación contra la empresa.
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Solicita al juez que la vincule a proceso, como lo haría con una persona física.
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Puede solicitar medidas cautelares (como la suspensión de actividades, inhabilitación para contratar o fianzas).
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Posteriormente, la empresa enfrentará las etapas del proceso: investigación complementaria, acusación, juicio oral, y posible sanción.
¿Cómo prevenir que tu empresa enfrente un proceso penal?
La mejor defensa es la prevención. Algunas medidas que reducen el riesgo de responsabilidad penal empresarial son:
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Implementar un programa de cumplimiento normativo (“compliance”) interno
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Contar con un órgano de control interno y auditoría jurídica
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Establecer políticas anticorrupción, antifraude y de protección de datos
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Realizar controles de debida diligencia en operaciones y contrataciones
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Capacitar periódicamente al personal sobre consecuencias legales
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Tener asesoría jurídica continua y revisar contratos y operaciones sensibles
El CNPP prevé la posibilidad de atenuar o incluso eximir de responsabilidad a una empresa si demuestra que adoptó un modelo de organización y prevención eficaz antes del hecho delictivo.
¿Qué sanciones pueden imponerse a una empresa?
Si una persona moral es declarada culpable, puede enfrentar sanciones como:
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Multas elevadas
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Suspensión de actividades hasta por 6 años
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Clausura de locales o establecimientos
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Disolución de la empresa
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Inhabilitación para participar en procedimientos de contratación pública
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Publicación de la sentencia condenatoria en medios
Estas consecuencias pueden tener efectos devastadores sobre la continuidad de la empresa y la reputación de sus socios o representantes.
Conclusión
En México, las empresas no están exentas del proceso penal. Pueden ser investigadas, vinculadas a proceso, juzgadas y sancionadas, especialmente si obtuvieron beneficios de conductas delictivas de sus empleados o directivos, o si no contaban con mecanismos de prevención adecuados.