El aseguramiento de un inmueble durante una investigación penal puede restringir el uso de un establecimiento, la actividad comercial y la disposición de los bienes que se encuentran en su interior. Si la medida deriva de una orden de cateo, surge una pregunta relevante: ¿puede concederse la suspensión provisional en amparo cuando todavía no obran el acta circunstanciada ni el inventario de bienes?
La jurisprudencia de registro digital 2032890, publicada el 6 de noviembre de 2026, establece que la ausencia de esos documentos no impide, por sí sola, estudiar y conceder la medida cautelar. Sin embargo, tampoco significa que todos los bienes deban liberarse automáticamente ni que el aseguramiento sea ilegal por esa sola circunstancia.
Por qué la falta del acta o del inventario no impide examinar la suspensión
El problema surgió porque distintos tribunales colegiados discreparon sobre la posibilidad de conceder la suspensión provisional frente al aseguramiento de inmuebles y objetos localizados durante un cateo, cuando el órgano de amparo no disponía todavía de los documentos que permitieran individualizar los bienes relacionados con la investigación penal.
El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte resolvió que el juzgado debe valorar los demás elementos disponibles en el incidente para determinar el alcance del aseguramiento. En esa valoración deben preservarse los bienes que muestren, incluso indiciariamente, relación con el hecho investigado, pero no extenderse indiscriminadamente la medida a otros bienes por su mera ubicación en el inmueble.
Los artículos 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales delimitan los bienes susceptibles de aseguramiento y establecen reglas para inventariarlos. El artículo 288 regula el acta circunstanciada del cateo. Por su parte, los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo establecen los parámetros para examinar la suspensión. La jurisprudencia exige interpretar estas normas sin hacer recaer automáticamente sobre el solicitante de la tutela cautelar las consecuencias de la falta de documentación cuya elaboración y resguardo corresponden a las autoridades.
El criterio corresponde a la tesis jurisprudencial PR.P.T.CN. J/20 P (12a.), registro digital 2032890, derivada de la contradicción de criterios 74/2026. El Semanario Judicial de la Federación señala su publicación el 6 de noviembre de 2026 y su aplicación obligatoria a partir del 9 de noviembre de 2026, dentro de su ámbito legal de obligatoriedad.
Cómo repercute en los derechos del propietario y en la investigación penal
En términos prácticos, el particular no debe quedar privado de la posibilidad de solicitar una protección provisional únicamente porque la autoridad no haya aportado al incidente el acta o el inventario. Del mismo modo, la investigación penal no debe quedar comprometida por la liberación indiscriminada de bienes respecto de los cuales existen datos que los vinculan con los hechos investigados.
Por ejemplo, si en un establecimiento comercial se aseguran instalaciones, documentos, equipos y mercancía, el juzgado de amparo debe analizar cuáles elementos permiten advertir una relación con la investigación y cuáles no pueden considerarse asegurados por la sola circunstancia de encontrarse dentro del inmueble. La solución depende de las pruebas disponibles y del examen del interés social y del orden público; no existe una restitución automática ni una presunción general de ajenidad de todos los bienes.
Así, el criterio contribuye a delimitar la medida cautelar y a evitar que la ausencia documental se convierta, por sí misma, en una justificación suficiente para mantener indisponibles bienes cuya vinculación con el hecho investigado no se advierte.
Qué puede examinar Lledías Abogados ante un aseguramiento
Frente al aseguramiento de un inmueble o de los bienes que contiene, la defensa jurídica puede requerir la revisión de la orden de cateo, el análisis de la diligencia ejecutada, la identificación de los bienes afectados y el examen de las constancias que obren en la investigación o en el incidente de suspensión.
En Lledías Abogados, los servicios de defensa penal y juicio de amparo permiten valorar si existen elementos para controvertir determinados efectos del aseguramiento, solicitar una medida cautelar o formular una estrategia procesal ajustada a las circunstancias del asunto. Esa valoración exige distinguir los actos efectivamente reclamados, las pruebas disponibles y las restricciones legales aplicables.
Una consulta jurídica permite revisar los antecedentes y determinar si resulta viable promover un medio de defensa. La aplicación del criterio y el alcance de cualquier medida dependen de la decisión del órgano jurisdiccional y de las particularidades de cada caso.
Preguntas frecuentes
¿Puedo pedir la suspensión si no tengo el acta del cateo?
Sí puede solicitarse, pero su otorgamiento no es automático. La falta del acta no impide por sí sola que el juzgado valore los demás elementos disponibles y determine si procede conceder la medida.
¿Todos los bienes encontrados dentro del inmueble quedan asegurados?
No necesariamente. La mera localización dentro del inmueble no basta para extender el aseguramiento a bienes respecto de los cuales no existan elementos que permitan relacionarlos con el hecho investigado.
¿La suspensión permite recuperar de inmediato el inmueble o las mercancías?
No de manera automática. El órgano jurisdiccional debe determinar sus efectos, preservar los bienes vinculados con la investigación y ponderar las circunstancias del caso, el interés social y el orden público.
¿La falta de inventario demuestra que el cateo fue ilegal?
No por sí misma. Esta jurisprudencia se refiere a la suspensión provisional y no resuelve, por sí sola, la validez definitiva de la orden de cateo o de su ejecución.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2032890, tesis PR.P.T.CN. J/20 P (12a.), Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, publicada el 6 de noviembre de 2026. Consultar ficha oficial. Bases normativas: artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo y 229, 230 y 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
