En un contexto donde la violencia sexual sigue siendo un problema grave y muchas veces silenciado, el caso de nuestra representada, a quien llamaremos G. implicó un reto significativo tanto en el ámbito jurídico como en el social. Nuestro compromiso como equipo fue garantizar que la justicia se lograra con una perspectiva de género integral y respetuosa de los derechos humanos.
Desde el inicio, comprendimos la importancia de crear un ambiente seguro para G. Nos aseguramos de escuchar su relato con sensibilidad, validando sus emociones y garantizando la confidencialidad de la información. Esto no solo permitió generar confianza, sino también entender a profundidad el impacto del delito y sus necesidades inmediatas.
Trabajamos bajo los principios establecidos por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considerando las desigualdades estructurales que enfrentan las víctimas de violencia sexual. Esto implicó analizar cada etapa del caso bajo un lente que visibilizara y neutralizara cualquier forma de discriminación. Todo el equipo jurídico y pericial fue capacitado para incorporar la perspectiva de género en sus actividades, evitando cualquier sesgo o prejuicio que pudiera afectar el proceso. En lugar de centrarnos exclusivamente en los hechos, también consideramos el contexto sociocultural y las dinámicas de poder que rodeaban al caso, lo que permitió construir una teoría sólida del caso.
Diseñamos una narrativa que conectara los elementos del delito con evidencia contundente, destacando el impacto de la violencia en la víctima y la responsabilidad del imputado. Se realizaron dictámenes psicológicos con peritos especializados en perspectiva de género, quienes documentaron el daño emocional sufrido por G y su correlación con el delito. Además, la cadena de custodia y los indicios recolectados fueron fundamentales para probar la responsabilidad del agresor. Se aplicaron técnicas avanzadas para garantizar la integridad y la validez de la evidencia.
Un aspecto crítico fue la comunicación con las autoridades responsables. Insistimos en que el personal encargado del caso también aplicara la perspectiva de género en todas las diligencias, evitando revictimizar a G.
Presentamos recursos legales cuando identificamos omisiones o irregularidades que pudieran afectar el desarrollo del caso. Gracias al esfuerzo conjunto, se logró una sentencia condenatoria de veinte años de prisión que reconoció la gravedad del delito y el impacto en la vida de G. La resolución no solo representó justicia para la víctima, sino también un precedente importante para futuros casos de violencia sexual.
Tras la sentencia, continuamos apoyando a G mediante un seguimiento integral, asegurándonos de que tuviera acceso a atención psicológica y recursos legales adicionales. Este acompañamiento fue crucial para promover su recuperación y su empoderamiento. El caso G nos recordó la importancia de trabajar con empatía y compromiso, entendiendo que la justicia no solo consiste en obtener un fallo favorable, sino también en restaurar la dignidad de las personas afectadas, y que consigan el pago de la reparación integral del daño. Incorporar la perspectiva de género no significa creerle a la víctima solo por el hecho de ser mujer, sino que implica una ponderación especial en su declaración que el Juez deberá corroborar con otros medios de prueba, a fin de garantizar que el sistema jurídico sea verdaderamente equitativo ante delitos que son refractarios a prueba directa.
Nuestro compromiso es seguir abogando por un sistema que proteja a las víctimas, que responsabilice a los agresores y que fomente una cultura de respeto y equidad para todos.