¿Qué es la medida cautelar?
La medida cautelar es una decisión judicial que impone restricciones provisionales a una persona imputada para garantizar el desarrollo del proceso penal. La más grave de estas medidas es la prisión preventiva, que solo debe usarse de manera excepcional y motivada.
En Lledias Abogados, defendemos casos donde la prisión preventiva se ha prolongado injustificadamente, afectando derechos fundamentales como la libertad personal y la presunción de inocencia.
¿Cuándo se puede cambiar una medida cautelar?
El cambio de medida cautelar es procedente cuando existen condiciones jurídicas o procesales que hacen innecesaria o desproporcionada la prisión preventiva, como:
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Cambio en la situación jurídica, por ejemplo, cuando ya se ha dictado sentencia pero aún no es firme.
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Falta de revisión judicial periódica.
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Ausencia de motivación reforzada para mantener la medida privativa de libertad.
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Posibilidad de aplicar medidas alternativas menos restrictivas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que mantener a una persona en prisión sin control judicial efectivo ni justificación objetiva y actual puede constituir detención arbitraria, violando tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
¿Cómo se tramita el cambio de medida cautelar?
Este trámite se presenta ante el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento correspondiente. Debe contener:
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Exposición clara del cambio de situación procesal.
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Argumentación legal sobre la falta de motivación o prolongación excesiva.
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Propuesta de medidas cautelares menos lesivas (arresto domiciliario, presentación periódica, etc.).
Nuestro equipo integra jurisprudencia interamericana y criterios constitucionales recientes, como:
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Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México: Se declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa automática.
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Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz vs. México: Se condenó al Estado por mantener prisión preventiva sin revisión adecuada durante más de 17 años.
Ambas sentencias confirman que la privación prolongada de libertad sin análisis individualizado es contraria a los derechos humanos.
¿Qué necesitas para solicitarla?
Para preparar una solicitud sólida, se requiere:
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Copia del expediente penal y resoluciones judiciales previas.
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Elementos que demuestren arraigo o cumplimiento de medidas anteriores.
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Fundamento legal con base en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 7 y 8), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las reformas constitucionales de diciembre de 2024, que fortalecen el control judicial y el principio pro persona.
También es importante demostrar que otras medidas pueden garantizar los fines del proceso sin afectar de forma grave la libertad del imputado.
Reforma constitucional de diciembre de 2024
La reforma judicial publicada el 31 de diciembre de 2024 eliminó la prisión preventiva oficiosa automática, estableciendo:
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La obligación de los jueces de valorar cada caso de forma individual.
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El deber de motivar de forma reforzada toda medida privativa de libertad.
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La aplicación expresa del control de convencionalidad por parte de los jueces.
Incluso si una medida cautelar se dictó antes de la reforma, el principio de aplicación retroactiva de la norma más favorable permite que se evalúe conforme a los nuevos estándares de derechos humanos.
Defensa penal en Tehuacán y otras ciudades
Nuestro despacho ofrece representación legal en Tehuacán, Puebla, y atención a distancia en todo el país. Nos especializamos en:
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Cambio de medidas cautelares
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Juicios orales
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Amparo penal
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Control de convencionalidad
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Defensa de derechos humanos
¿Por qué es importante el control de convencionalidad?
Todo juez mexicano tiene la obligación de inaplicar normas internas que contravengan los derechos establecidos en tratados internacionales. Este principio, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permite revisar decisiones anteriores que mantuvieron en prisión preventiva a personas sin justificación concreta.
Mantener la prisión sin analizar si sigue siendo necesaria, proporcional y razonable es una violación al derecho a la libertad personal.