El delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, contemplado en el artículo 436 Ter, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Puebla, se configura cuando un servidor público, actuando en perjuicio del erario, del servicio público o de otra persona, realiza o contrata obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios con recursos públicos de manera ilícita. A continuación, profundizaremos en cómo se acredita este delito, la importancia de la naturaleza de los recursos públicos involucrados, y las estrategias probatorias esenciales.
Naturaleza del Delito y su Acreditación
El corazón del delito según el artículo 436 Ter, fracción IV del Código Penal para el Estado de Puebla radica en la utilización ilícita de recursos públicos en perjuicio del erario. Para que se configure este delito, deben cumplirse varios elementos:
a) Condición de Servidor Público: El acusado debe ser un servidor público en ejercicio de sus funciones.
b) Acto Ilícito: La realización o contratación de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios debe hacerse de manera ilícita, es decir, contraviniendo las leyes y reglamentos aplicables.
c) Perjuicio al Erario: Debe demostrarse que las acciones del servidor público causaron un perjuicio al erario, afectando los recursos públicos.
Importancia de la Naturaleza de los Recursos Públicos
La naturaleza de los recursos públicos utilizados es crucial en la determinación del ámbito de competencia para la investigación y sanción del delito. Si los recursos empleados son de naturaleza federal, se debe seguir un proceso específico conforme a las leyes y reglamentos federales, tales como:
- Ley de Coordinación Fiscal: Regula la distribución de los recursos federales a las entidades federativas y municipios. Cualquier uso indebido de estos recursos debe ser reportado a la Federación.
- Ley de Disciplina Financiera: Establece principios y reglas para el manejo responsable de los recursos públicos, incluyendo su planeación, ejercicio y control.
- Código Fiscal de la Federación: Define los procedimientos fiscales y las responsabilidades de los servidores públicos en la administración de recursos federales.
En casos donde se determina que los recursos son de origen federal, la denuncia debe ser presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), que es la autoridad competente para investigar y sancionar estos delitos a nivel federal.
Estrategias Probatorias y Actos de Investigación
Para acreditar el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, es esencial un enfoque probatorio robusto y bien estructurado. Aquí se describen los tipos de pruebas y actos de investigación necesarios:
- Documentación Oficial: Recolección de memorandos, oficios y cualquier correspondencia oficial que evidencie las decisiones administrativas y las autorizaciones para el uso de los recursos públicos.
- Evidencia de Contratos y Adjudicaciones: Documentos que prueben la contratación de obras públicas, adquisiciones y otros servicios.
- Registros Financieros: Transacciones bancarias y facturas que demuestren los desembolsos de fondos.
- Testimonios: Declaraciones de otros funcionarios y empleados que puedan confirmar las irregularidades en la gestión y ejecución de los proyectos.
- Testigos Clave: Personas directamente involucradas o que tengan conocimiento de los hechos.
- Peritajes Forenses: Análisis periciales que puedan evaluar la legalidad y conformidad de las acciones con las normativas aplicables.
- Auditorías Financieras: Evaluación del flujo de fondos y detección de malversaciones.
- Peritajes en Urbanismo y Construcción: Verificación técnica de las obras realizadas para asegurar que cumplan con las especificaciones contractuales y legales.
- Revisión de Comunicaciones Electrónicas: Examen de correos electrónicos y otros medios de comunicación que puedan contener evidencia de conducta indebida o colusión entre los acusados.
- Análisis de Metadata: Confirmar la autenticidad y cronología de las comunicaciones.
Conclusión
La correcta acreditación del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades requiere una comprensión detallada del marco legal y una estrategia probatoria meticulosa. La naturaleza de los recursos públicos utilizados es fundamental para determinar la competencia y el alcance de la investigación. Mediante una combinación de pruebas documentales, testimoniales y periciales, se puede establecer de manera convincente la comisión del delito y el perjuicio causado al erario. Este enfoque no solo fortalece la acusación, sino que también asegura que los responsables sean llevados ante la justicia de manera efectiva y conforme a derecho.
Carlos Jesús Lledias Lezama