Con la promulgación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que regula tanto aspectos sustantivos como adjetivos del procedimiento de responsabilidades administrativas en México, surge la necesidad de desarrollar estrategias que permitan a las partes presentar adecuadamente la imputación o la defensa de faltas administrativas, tanto graves como no graves. Este enfoque requiere de la preparación de pruebas documentales, la incorporación de testimonios y la realización de peritajes necesarios para sustentar los argumentos presentados.
Es crucial aclarar que, en el marco del procedimiento de responsabilidades administrativas, la carga probatoria recae en todo momento sobre la autoridad investigadora. Esta debe demostrar la responsabilidad del servidor público o particular en la comisión de la falta administrativa, conforme a los elementos del tipo administrativo establecidos por la ley.
Además, se implementa la teoría del caso, un concepto ampliamente utilizado en materia penal, pero igualmente aplicable al ámbito administrativo debido a la similitud entre ambos procedimientos. Esta teoría ofrece un soporte metodológico que facilita a los litigantes actuar de manera técnica y adecuada durante las audiencias. Mediante una serie de metodologías de trabajo e investigación, se construyen hipótesis basadas en proposiciones fácticas, normativas y probatorias que se presentan ante el órgano jurisdiccional. Si estas hipótesis se comprueban sin lugar a dudas razonables, es decir, si logran convencer al tribunal o al Órgano Interno de Control, se transforman en la verdad jurídica sobre la cual se basará la resolución del caso, sea con una condena o absolución del servidor público.
En conclusión, el abogado en el procedimiento de responsabilidades administrativas debe llevar a cabo un exhaustivo estudio del caso, comenzando con un nivel de análisis probatorio que sustente las proposiciones fácticas. Este análisis debe abordar todos los elementos del tipo administrativo: objetivos, subjetivos y normativos (nivel de análisis jurídico). Este enfoque permite identificar fortalezas y debilidades tanto de la estrategia propia como de la estrategia de la parte contraria, facilitando una defensa o acusación más efectiva y fundamentada.